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 Acusado.. Mario Torraga fue uno de los responsables de la adulteración que sacudió a la industria del vino. (Archivo / Los Andes)
Fuente: Los Andes
A más de 17 años de que los vinos sanjuaninos Mansero y Soy Cuyano mataran a 26 personas y un centenar sufriera graves trastornos, incluyendo algunos casos de ceguera, la Cámara Federal de La Plata confirmó un fallo de primera instancia y condenó al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y a la bodega Nietos de Gonzalo Torraga a pagar medio millón de pesos a los familiares de una de las víctimas.
En el fallo, recientemente conocido (sobre unas 25 demandas), hace referencia a la "relación directa del fallecimiento con la intoxicación metílica", adulteración que se realizó dentro del establecimiento, con sede en la localidad de Caucete, y el posterior fraccionamiento en damajuanas de 4.500 ml, de vino blanco y tinto de consumo masivo.
En la sentencia también se condena al INV, cuando se señala que fue creado con "el objeto de entender en la promoción y el contralor técnico de la producción, la industria y el comercio vitivinícola".
Tras ello señala que para los jueces -Gregorio Julio Fleicher, Leopoldo Schiffrin y César Alvarez- ha quedado "demostrada la responsabilidad de la bodega Nietos de Gonzalo Torraga SA y del Instituto Nacional de Vitivinicultura, este último por no haber tomado las debidas medidas de atención, control, vigilancia y prevención a la que está obligado".
En el mismo fallo, la Cámara al momento de fijar la indemnización por "valor vida" no aplicó "fórmulas matemáticas", sino que tomó diversas variables que consideró "relevante" con relación a la víctima, como edad, condición económica y social, ingresos y expectativa de vida, entre otros.
Finalmente tras confirmar el fallo primario elevó el monto de la reparación correspondiente a cada uno de los herederos de la víctima, lo que hace un monto cercano a los 500 mil pesos a valores actuales.
En damajuanas
La noticia tuvo un impacto nacional, cuando allá por el mes de febrero de 1993, se fueron multiplicando las denuncias por intoxicaciones seguidas de muerte de personas que habían consumido estos vinos, que se vendían en damajuana, con el nombre de Mansero y Soy Cuyano.
La mayoría de los casos se registraron originalmente en la provincia de Buenos Aires, pero después se extendió a Corrientes, Entre Ríos y Misiones y motivó la intervención del Instituto Nacional de Vitivinicultura, organismo que prohibió su venta a la vez que sacó del mercado estos productos, que después de los análisis respectivos, se demostró que las damajuanas contenían altas concentraciones de alcohol metílico o metanol, con valores superiores a los tolerados y permitidos y con aptitud suficiente como para provocar esos acontecimientos nefastos. El triste balance fue de 26 muertes y un centenar de personas afectadas y con graves trastornos, entre ellos algunos que perdieron la vista.
Tres años después, la Justicia Nacional Oral Penal en lo Criminal Federal de la Provincia de San Juan condenó a Mario Armando Torraga a 15 años de prisión y al enólogo Armando Ribes a 10 años, al ser considerados penalmente responsables de los delitos de adulteración de vinos, en concurso ideal con adulteración de sustancias alimenticias en forma peligrosa para la salud, seguida de muerte reiterada de diez o más casos.
Guillermo Sergio Torraga y el gerente del establecimiento, Horario Barbero, fueron condenados a 6 años, como partícipes secundarios en el mismo delito. En la causa también fue condenado a 2 años el capataz de la bodega, Pedro Tobarez, y tres empleados del INV. Por su parte, Carlos Alberto Blanco, señalado durante el debate como el distribuidor en el área metropolitana de los vinos sanjuaninos, logró eludir a la justicia durante varios años, pero finalmente fue detenido en la Capital Federal en el año 2002.
La bodega "Nietos de Gonzalo Torraga" fue clausurada por medio de un decreto de la Presidencia de la Nación y poco a poco terminó desmantelada. El casco y los galpones fueron rematados hace un par de años y la municipalidad de Caucete fue el comprador por unos 300 mil pesos, con la idea de trasladar allí el parque automotor y crear un sector productivo por medio de una "incubadora de empresas".
Los Torraga, padre e hijo, fueron beneficiados por la ley del 2x1 (que computa por dos la cantidad de años de prisión cuando las sentencias no están firmes) y recuperaron la libertad un par de años después de la condena.
Explicaciones del INV una vez conocida la sentencia
El INV nació en noviembre de 1959. Fue con la promulgación del Ley General de Vinos Nº 14.878, poco tiempo después de que se conociera la adulteración de los finos Firmamento, en el sur mendocino.
Cuarenta años más tarde se promulgó la primer ley integral de alcoholes del país, dándole a esta entidad el control de todo lo referido a alcoholes etílico y metílico en todas sus etapas, es decir producción, transporte, fraccionamiento y comercialización. Ocurrió tras el tristemente suceso de los vinos sanjuaninos Mansero y Soy Cuyano. Y una de las medidas impuestas, en aquel momento, fue el agregado al metanol de un "amargante" que lo hace prácticamente intomable.
Ahora, a más de 50 años y a poco de conocerse la noticia -por los medios electrónicos- de la condena, las máximas autoridades del Instituto Nacional de Vitivinicultura, con su titular Guillermo García, a la cabeza, ofrecieron una conferencia de prensa. Explicaron que el organismo todavía no había sido notificado de la sentencia, pero adelantaron que estudiarán cuáles serán los pasos a seguir, a la vez que explicaron que "no hay nada nuevo".
En tren de confidencia aseguraron que existieron 25 demandas (las muertes fueron 26) y que "unas 10 demandas" ya fueron ganadas por el organismo, en su mayoría por "caducidad de instancia", pero también reconocieron que "otras no".
Con relación al monto reclamado ahora, explicaron que la Justicia ordenó una indemnización de 30 mil pesos para cada hijo de la víctima. "Y como es una familia numerosa se llega a esa cifra", que ronda el medio millón de pesos.
Fuente: Eduardo Ayassa - Diario Los Andes
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